Roberto Saviano's Blog, page 20

Assurdo. Nemmeno il tempo di piangere i morti. Subito dopo la strage al centro culturale di Suruk, la polizia turca ha fatto pressione sulle famiglie affinché seppellissero velocemente i corpi dei loro ragazzi. Troppe manifestazioni, troppi cortei di solidarietà e una rinnovata onda rivoluzionaria ad unire il Rojava, il Kurdistan siriano con la città simbolo di Kobane, al Partito dei Popoli, che alle ultime elezioni ha sfidato Erdogan conquistando 80 seggi in Parlamento e strappando la maggioranza assoluta al partito del presidente turco.

Gli oltre trenta giovani uccisi nell’attentato kamikaze di lunedì stavano preparando una missione di ricostruzione a Kobane, dove avrebbero rimesso in piedi una biblioteca e ripristinato un parco giochi per bambini. Molti di loro erano vicini al Partito dei Popoli, altri erano militanti del partito socialista. 

Tra questi c’era la ventitrenne Büşra Mete, rimasta uccisa nel massacro. La famiglia è stata costretta dalle pressioni della polizia a seppellire la figlia durante la notte nel cimitero di Pendik, un piccolo comune a Sud di Istanbul, anziché svolgere la cerimonia funebre il giorno dopo nel cimitero storico di Karacaahmet, il più grande di Istanbul.

Anche la famiglia di Koray Çapoğlu ha dovuto seppellire il figlio all’alba nel villaggio di Yanıktaş, dopo un breve saluto alla presenza di alcuni parlamentari dell’HDP, ma riservando i funerali ai parenti più stretti come richiesto dalla polizia.

“Non c’è bisogno di lacrime, nostra madre è morta per la libertà” ha detto Yasemin, stretta accanto ai tre fratelli, durante il funerale della mamma Nazegül Boyraz.
Tra loro si facevano chiamare “Children of Gezi”, gli eredi delle proteste del 2013 a Gezi Park da cui è partito il giro di vite del governo Erdogan su tutte le manifestazioni di protesta e di pensiero.

Anche su questo massacro, quasi subito attribuito all’ISIS ma non ancora ufficialmente rivendicato, si tenta la censura, limitando la circolazione delle immagini dei giovani martiri, considerati troppo idealisti e vicini ai movimenti di opposizione.

Così su alcuni siti web turchi, anche in lingua inglese, è partita una vasta commemorazione delle vittime, rilanciata sui social media internazionali.

Non può più esistere censura, a nulla serve gettare terra sui corpi ancora caldi, oscurare social network, niente ha potuto fermare le migliaia di persone che hanno partecipato ai cortei per l’ultimo saluto alle vittime, lanciando garofani rossi dalle finestre, esponendo striscioni e manifesti con le foto sorridenti di chi non c’è più.

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Ieri mattina, agenti del Centro Operativo DIA di Napoli e militari del Comando provinciale Carabinieri di Caserta, hanno sequestrato e confiscato beni mobili e immobili di proprietà di Michele Santonastaso, l’ex avvocato dei boss casalesi Francesco Bidognetti e Antonio Iovine.

In seguito all’istanza di rimessione che lesse in aula durante il Processo Spartacus, considerata dal Tribunale di Napoli un vero e proprio atto di minaccia verso di me, nel 2008 fu aumentata la mia protezione. Per quelle minacce Santonastaso è stato condannato lo scorso novembre.

Ora gli vengono confiscati beni per un valore di 8 milioni di euro che andranno allo Stato. Il provvedimento di confisca è stato emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli e dal Direttore della DIA. La Polizia gli ha anche notificato una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza per 4 anni.

L’elenco dei beni è lunghissimo e comprende nove terreni, una villa, tre autorimesse, cinque appartamenti e alcuni depositi a Caserta, un’autorimessa in Puglia, un locale ad uso ufficio a Napoli, altri beni immobili e mobili tra cui quote societarie intestate alla moglie e ai quattro figli.

La magistratura ha sempre ritenuto che Santonastaso avesse agevolato la fazione del clan dei casalesi facente capo a Francesco Bidognetti facendo anche da collegamento tra il boss in carcere e i gregari sul territorio.

Nel processo per le minacce che mi sono state rivolte in aula, è stata accolta la tesi per cui Santonastaso fece da schermo al clan decidendo autonomamente di rivolgere le sue intimidazioni.

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En los últimos días ha habido miles de comentarios acerca de la figura de El Chapo, y el relato de la historia ha hecho eco en cada rincón del planeta. De repente México vuelve a ser tema de actualidad. En los últimos meses se habían presentado enfrentamientos entre cárteles, cambios de liderazgo y decenas de muertos, mientras el dinero del narcotráfico continuaba fluyendo, sin contratiempos, hacia Estados Unidos.

No obstante, la atención había disminuido profundamente. Las personas degolladas por el Estado Islámico comenzaron a hacer mucho más ruido, y a demandar mayor atención, que las decapitaciones en la carnicería de los narcotraficantes mexicanos.

El Chapo se escapa y surgen mil hipótesis: la más concreta es que estaba profundamente preocupado de ser extraditado a los Estados Unidos. Como dije en un entrevista para la televisión mexicana el año pasado, el gobierno se equivocó en no conceder de inmediato la extradición a los Estados Unidos.

Para mí se trataba de una decisión arriesgada, porque México muchas veces se había revelado como un territorio demasiado “fácil” para él, y el gobierno mexicano no podría garantizar la justicia en su contra.

En esto Los Pinos ha mostrado una debilidad. Por un lado, rehusarse a entregar a El Chapo a los Estados Unidos significaba la muestra de querer defender y conservar la soberanía nacional; por otro lado, sin embargo, no extraditarlo puede haber significado mantener la continuidad de los vínculos entre las instituciones y el crimen. Sinaloa y todos sus amigos (empresarios y políticos mantenidos por el cártel) seguro habrán valorado la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de no entregar a su jefe.

No por casualidad El Chapo se fugó en el momento en que se dio cuenta que la posibilidad de una extradición se avecinaba. Su arresto fue muy ambiguo: Guzmán Loera casi pareció haberse entregado y si hubiera sido así, de todos modos los motivos de esta rendición no eran claros. Algunos —entre ellos yo mismo— habíamos visto en las declaraciones de El Mayo Zambada, en la entrevista de Julio Scherer unos años antes, un mensaje a El Chapo, cuando dijo que, en caso de arresto o muerte de los jefes, los remplazos del Cártel de Sinaloa estaban listos para tomar el poder, como diciendo, o les hacemos espacio o se lo harán ellos mismos.

Sin embargo, es también verdad que una traición a El Chapo parece irreal, porque si de verdad su arresto se debió a una deslealtad, la falange del Cártel de Sinaloa, fiel a él, habría dado lugar a una matanza, se habría iniciado una vendetta y se habría presentado una escisión, lo que no ha ocurrido, porque Guzmán Loera se mantuvo, incluso en este año de detención, como el jefe indiscutible de Sinaloa.

A estas alturas es difícil imaginarse una fuga como ésta sin apoyo importante de parte de la estructura carcelaria y de la policía misma. El Chapo Guzmán es la prueba viviente de que llamar todavía a los cárteles mexicanos sólo “narcos” es una imprecisión: los cárteles mexicanos ya son una mafia, es decir, estructuras capaces de tener reglas, jerarquías que no responden instintivamente a mecanismos de gangsterismo (“si no pagas, te mueres”, “quien mata se queda en el puesto de quien murió”), sino que siguen códigos, estrategias económicas.

Esta complejidad vuelve a los cárteles mexicanos maduros para definirlos como organizaciones mafiosas. Y no puede haber mafia sin vínculos directos con la política, con los empresarios, con el poder judicial, lazos que van más allá del simple soborno y la corrupción.

Se escapó un mafioso. Se escapó un hombre que ha cambiado la historia de México y que está modificando la historia de la economía del narcotráfico. Entre otros, uno de los medios de chantaje que ha utilizado en estos años el Cártel de Sinaloa está el que se refiere a transferir dinero al exterior y no mantenerlo en el país, es decir, mientras más me atacan, más mi cártel se llevará el dinero a Estados Unidos… mientras menos me agreden, mi cártel invertirá más en México.

De cualquier manera, El Chapo se puede considerar la superación del modelo de Pablo Escobar: no tiende al monopolio, ni a la sustitución política en primera persona, error que decretó el principio del fin de Escobar. El ingreso en la política es una operación ridícula para un mafioso, ya que inevitablemente obliga a la comunidad internacional a investigar, mientras que la fuerza de la organización mafiosa reside en su carácter secreto.

En el momento en que la mafia reemplaza al poder político, y no se limita a influir en él en nombre de sus propios intereses, deja de ser mafia y se convierte en un poder como los otros. Cuando Pablo Escobar se ofreció para pagar la deuda pública de su país, o cuando decidió convertirse en diputado, estaba entrando en otra dimensión.

La mafia no tiene ideas políticas pero se aprovecha de ese poder, lo condiciona, se pasa al otro bando, todo con base en sus propios intereses. Es siempre un poder distinto al de la política y es justamente ésta su fuerza, porque puede tener mil aliados, de derecha y de izquierda, y cuando éstos inevitablemente caigan encontrará otros de nuevo y fácilmente.

La mafia no puede existir sin el vínculo con la política, pero en los territorios donde ésta domina, como en México, a menudo no puede existir política sin su apoyo.

Es una relación de ayuda mutua, de intercambio, que puede desplegarse de varias maneras, desde maquillar un contrato, hasta hacerse de la vista gorda cuando era necesario mirar con lupa. En esta nueva fuga de película de Joaquín El Chapo Guzmán parece que muchos ojos se hicieron de la vista gorda. México debe cuestionarse y encontrar una estrategia para combatir la mafia que no sea sólo militar, sino política y económica. De otro modo —como advirtió El Mayo—, muerto un capo estarán los reemplazos listos para sustituirlo.

Traducción de Alma Delia Miranda Aguilar.

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Negli ultimi giorni ci sono stati migliaia di commenti su Joaquín Guzmán “El Chapo”, e la sua storia è echeggiata in ogni angolo del pianeta. All’improvviso il Messico torna a essere tema di attualità. Negli ultimi mesi si sono avuti scontri tra cartelli, cambiamenti nella leadership e decine di morti, mentre il denaro del narcotraffico continuava a fluire senza intoppi verso gli Stati Uniti.
 
Nonostante ciò, l’attenzione è notevolmente diminuita. La gente massacrata dallo Stato islamico ha iniziato a fare più rumore e a richiedere maggiore attenzione che le decapitazioni nella carneficina dei narcotrafficanti messicani.
 
El Chapo evade e sorgono mille ipotesi: la più concreta è che era molto preoccupato di essere estradato negli Stati Uniti. Come ho detto in una intervista per la televisione messicana lo scorso anno, il governo ha sbagliato a non concedere immediatamente l’estradizione verso gli Stati Uniti.
 
Per me è stata una decisione rischiosa perché il Messico si è spesso rivelato un territorio troppo “facile” per lui, e il governo messicano non poteva garantire che fosse fatta giustizia nei suoi confronti.
 
In questo, a Los Pinos hanno mostrato debolezza. Da una parte, rifiutare di consegnare El Chapo agli Stati Uniti significava dar prova di voler difendere e preservare la sovranità nazionale; dall’altra, però, non estradarlo può avere significato mantenere la continuità dei legami tra le istituzioni e la criminalità. Sinaloa e tutti i suoi amici (imprenditori e politici pagati dal cartello) avranno sicuramente apprezzato la decisione del governo di Enrique Peña Nieto di non consegnare il loro capo.
 
Non a caso El Chapo è fuggito nel momento i cui si è reso conto che la possibilità di un’estradizione si avvicinava. Il suo arresto è stato molto strano: È sembrato quasi che Guzmán si consegnasse, e se fosse così, in ogni caso le ragioni di questa resa non erano chiare. Alcuni – me compreso – avevano visto nelle dichiarazioni di El Mayo Zambada nell’intervista di Julio Scherer qualche anno prima, un messaggio a El Chapo, quando disse che, in caso di arresto o di morte dei capi, la nuova generazione del cartello di Sinaloa era pronta a prendere il potere, come a dire, o facciamo loro spazio o lo faranno loro stessi.
 
Però è anche vero che un tradimento di El Chapo sembra irreale, perché se davvero il suo arresto fosse dovuto a slealtà, la falange del cartello di Sinaloa, fedele a lui, avrebbe dato inizio a un massacro, che avrebbe portato a una vendetta e creato una scissione, cosa che non è accaduta perché Guzmán è rimasto, anche dietro le sbarre, il capo indiscusso del Sinaloa.
 
È difficile immaginare un’evasione come questa senza l’appoggio significativo di parte della struttura carceraria e della polizia. El Chapo Guzmán è la prova vivente che chiamare ancora i cartelli messicani “narcos” è un errore: i cartelli messicani sono una mafia, cioè strutture in grado di avere regole, e gerarchie che non rispondono istintivamente ai meccanismi del gangsterismo ( “se non paghi, muori” “chi uccide prende il posto di chi è morto”), ma seguono codici e strategie economiche.
 
Questa complessità fa sì che i cartelli messicani siano maturi per potersi definire organizzazioni mafiose. E non ci può essere mafia senza collegamenti diretti con la politica, con gli imprenditori, con la magistratura, legami che vanno oltre la semplice corruzione.
 
È fuggito un mafioso. È fuggito un uomo che ha cambiato la storia del Messico e che sta cambiando la storia dell’economia del narcotraffico. Tra le altre, una delle strategie di ricatto utilizzate in questi anni dal cartello di Sinaloa è trasferire denaro all’estero e non tenerlo nel paese, come a dire, più mi attaccano, più il mio cartello porterà il denaro negli Stati Uniti. Meno mi attaccano, più il mio cartello investirà in Messico.
 
In ogni caso, El Chapo ha indubbiamente superato il modello di Pablo Escobar: non tende al monopolio, né vuole sostituirsi ai politici, errore che ha decretato l’inizio della fine di Escobar. Entrare in politica è un’operazione ridicola per un mafioso, poiché costringe inevitabilmente la comunità internazionale a indagare, mentre la forza di un’organizzazione mafiosa è nella sua segretezza.  Nel momento in cui la mafia sostituisce il potere politico, e non si limita a influenzarlo per i propri interessi, diventa un potere come gli altri. Quando Pablo Escobar si offrì di pagare il debito pubblico del suo paese, o quando decise di diventare un deputato, entrò in un’altra dimensione.
 
La mafia non ha idee politiche ma approfitta del potere, lo condiziona, per conseguire i propri interessi. Il suo potere è sempre diverso dal potere politico, e questa è esattamente la sua forza: perché può avere migliaia di alleati, di destra e di sinistra, e quando questi inevitabilmente cadono ne troverà facilmente altri con cui sostituirli.
 
La mafia non può esistere senza legami con la politica, ma nei territori dove domina, come in Messico, la politica non può esistere senza il suo appoggio.  È un rapporto di sostegno reciproco, di interscambio, che può manifestarsi in vari modi, dal truccare un appalto al chiudere un occhio quando è necessario guardare con la lente d’ingrandimento. In questa nuova fuga da film di Joaquin El Chapo Guzmán sembra che molti abbiano chiuso un occhio.

Il Messico deve interrogarsi e trovare una strategia per combattere la mafia che non sia solo militare, ma anche politica ed economica. Altrimenti – come disse il Mayo – morto un signore della droga, la nuova generazione sarà pronta a sostituirlo.

Traduzione pagina ‘Roberto Saviano Parole e Immagini’.

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Tutto ciò che riguarda El Chapo è spettacolare. El Chapo, ossia “il Tarchiato”, chiamato così perché piccolo e tozzo, al secolo è Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, capo del Cartello di Sinaloa, il gruppo criminal-industriale messicano che ha rivoluzionato il mondo della cocaina. È ancora il capo, nonostante l’ultimo anno lo abbia trascorso dietro le sbarre.

Spettacolare è stata la sua carriera criminale, spettacolare è stato il suo arresto la notte tra il 21 e il 22 febbraio 2014 e incredibile la sua fuga l’11 luglio 2015.

La sua cattura il Messico la seguii con un’apprensione pari a quella per una finale dei Mondiali e superiore a quella di una campagna elettorale presidenziale. El Chapo si trovava nell’hotel Miramar, nel centro di Mazatlán, nello Stato di Sinaloa. Per arrestarlo servì lo sforzo congiunto della Marina militare messicana e della Dea statunitense, due elicotteri e sei unità terrestri di artiglieria eppure, nonostante lo spiegamento di forze, non fu esploso un solo colpo. Non ce ne fu bisogno, perché sembrò che El Chapo avesse deciso di farsi arrestare. Lui, come i boss italiani che studio da anni, raramente si allontanava dal centro del suo impero, dallo stato di Sinaloa che gli ha dato grandezza e offerto protezione, sempre. La cattura del Chapo tutto sembrò tranne che frutto di un lavoro di sola intelligence. Quanto piuttosto una resa, la volontà di togliersi dai giochi – ancora non era chiaro se solo momentaneamente e solo in apparenza – forse a favore delle nuove generazioni di affiliati che minacciavano di farlo fuori.

Sconvolse però il luogo dell’arresto, non le montagne della Sierra, ma un residence di Mazatlán, un porto turistico, per nulla lontano dagli sguardi discreti dei sudditi. El Chapo era il re e regnava indisturbato, e protetto.

Non era, quello, il primo arresto, così come l’11 luglio non è stata la prima evasione orchestrata da chi gli è vicino. Il motivo probabilmente lo stesso: il timore di essere estradato negli Stati Uniti, da dove mantenere un ruolo di primo piano sarebbe stato difficilissimo se non impossibile.

E anche questa volta la fuga, avvenuta attraverso un tunnel sotterraneo, è degna delle migliori sceneggiature di film d’azione. El Chapo e i suoi, del resto, sono maghi nella progettazione e costruzione di cunicoli sotterranei; una settimana prima che fosse arrestato, a febbraio del 2013, le autorità messicane scoprirono una serie di cunicoli che collegavano le sue abitazioni. Quindi l’arte che aveva imparato per far arrivare la droga negli Usa gli servirà nella sua vita spesso, per nascondersi e, naturalmente, per evadere.

La fuga dell’11 luglio è stata incredibile e a ripercorrerne le tappe sembra quasi di star raccontando la trama di un film. Solo che questo non è un film e in carcere non c’era un giusto finito per errore nelle maglie della giustizia, ma il re del narcotraffico mondiale, il capo indiscusso del cartello di Sinaloa, che gestisce circa un quarto della droga che entra negli Stati Uniti, definito dal numero uno della Dea di Chicago «il più pericoloso criminale del mondo».

Altipiano, a un centinaio di chilometri da Città del Messico, è un carcere di massima sicurezza costruito per ospitare i criminali più pericolosi, quelli che mai da lì avrebbero potuto evadere.

Eppure El Chapo ci è riuscito attraverso un tunnel lungo circa un chilometro e mezzo, costruito probabilmente grazie anche alla complicità di alcune guardie carcerarie. Era andato a farsi una doccia e non è più tornato. Dalle docce, dove non è possibile tenere telecamere di sorveglianza, si deve essere infilato – questa la ricostruzione della dinamica – in un buco scavato sul pavimento del diametro di circa 50 centimetri e profondo una decina di metri. Da lì deve essere passato a un secondo tunnel dove avviene il colpo da maestro: i complici di Guzmán sono stati in grado di scavare un tunnel orizzontale lungo un chilometro e mezzo, largo circa 70 centimetri e alto 170, illuminato, ventilato e al cui interno si trovava una sorta di “motocicletta su rotaie”, che El Chapo ha utilizzato per percorrere quanto più rapidamente fosse possibile quei pochi metri che lo separavano dalla libertà, dal suo impero e dal trono lasciato vacante.

E a noi il rammarico di non aver messo un punto a una delle carriere criminali più incredibili che si potessero raccontare. Non c’è null’altro da dire che questo: il re è tornato.

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L’inquinamento uccide. L’inquinamento ammala. L’inquinamento costa. Sono tante le notizie di questi giorni correlate agli effetti dell’inquinamento sulla salute pubblica, sulla salute dei lavoratori, sull’integrità dell’ambiente. Ieri la sentenza storica che ha condannato gli ex vertici di Pirelli per la morte dei 24 operai sottoposti per anni all’inalazione di amianto in fabbrica.

Due giorni fa la Terra dei Fuochi ha ricominciato a bruciare (ma avrà mai smesso davvero?) e a riversare nell’aria una coltre di fumo denso attorno a Giugliano e ai comuni limitrofi. E poi ci sono le notizie economiche, quelle che danno conto dell’impatto dell’inquinamento sulla spesa pubblica.

Secondo l’Ocse l’inquinamento atmosferico costa ai paesi industrializzati (34 quelli aderenti all’organizzazione internazionale) quasi 1600 miliardi di dollari l’anno, per costi sanitari connessi al numero di decessi e malattie.

In Italia, dal 2005 in poi i morti per malattie correlate a vari tipi di inquinamento sono più di 30.000 l’anno. E sempre l’Ocse ha calcolato che il costo annuo dell’inquinamento in Italia vale più di 102 miliardi l’anno.

Una cifra in linea con quanto “paga” la Francia, dove proprio in questi giorni sono stati resi noti i risultati di un rapporto della commissione d’inchiesta del Senato, che calcola il costo dell’inquinamento in termini di salute pubblica in 100 miliardi l’anno.

Di questi più del 90 percento incidono sul sistema sanitario pubblico che deve sostenere la cura per le malattie respiratorie, per le forme tumorali, o per la compensazione dei giorni lavorativi persi. Oltre il 4 percento della spesa serve a recuperare l’ambiente o gli edifici danneggiati dall’inquinamento.

Dati questi numeri la Francia apre un dibattito sull’ipotesi di introdurre forme di tassazione sulle emissioni di ossido di azoto o di polveri sottili, cercando al contempo di migliorare il monitoraggio, soprattutto nei luoghi di lavoro.

E poi ci sono le scuole. Una ricerca finanziata dall’Unione Europea, che in Italia ha interessato sei istituti, di cui due in Sicilia (Palermo), due in Toscana (Pisa) e due in Lombardia (Milano), ha evidenziato come l’85% degli studenti di scuole elementari e asili europei sia esposto a micropolveri sottili in concentrazioni superiori a 10 microgrammi per metro cubo, che è il valore medio annuo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Asma e allergie sono all’ordine del giorno e anche queste hanno un costo sul sistema sanitario nazionale e sulle famiglie.

Una mappatura resa pubblica dall’agenzia stampa Adnkronos, si è invece concentrata sulla presenza di amianto nelle carceri. Anche in questo caso la fotografia è impietosa: l’amianto è presente nel 14% dei penitenziari italiani, a 23 anni dalla legge che ne mette al bando l’utilizzo. I costi di smaltimento sono a carico dello Stato.

Chi ci guadagna dall’inquinamento? Il Parlamento Europeo ha fatto sapere che la Campania ha utilizzato soltanto 8 dei 140 milioni di euro messi a disposizione per ripristinare i siti contaminati nella Terra dei Fuochi. Dove sono gli altri fondi? E quanto ci costerà ancora il grande business dei rifiuti, dove gli unici a guadagnarci sono gli imprenditori e i politici corrotti, le mafie e la criminalità legata al traffico dei rifiuti tossici?

È di ieri la pronuncia della Corte di Giustizia Europea per il ricorso che l’Ue ha presentato contro il nostro paese, inadempiente rispetto a una sentenza del 2010 nella quale è stato dichiarato che  “la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE , relativa ai rifiuti”.

L’Italia non avendo “correttamente eseguito la sentenza” del 2010, è stata condannata a pagare una multa forfettaria di 20 milioni di euro e una penalità di 120 mila euro per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della sentenza del 2010, dovuta a far data da oggi. Una sentenza leggermente più favorevole rispetto alle richieste della UE che avrebbe voluto una multa di 55 milioni e una penalità giornaliera di 256 mila euro al giorno.

I cittadini italiani meriterebbero di essere rimborsati per i danni subiti e invece saranno condannati a sostenere ancora una volta i costi della peggiore politica.

Redazione RSO – Silvia Savi

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Qualcuno nell’aula del Tribunale di Milano, ieri, ha esultato. “È una sentenza storica”, questo il tenore dei commenti. Per la prima volta viene riconosciuta la diretta responsabilità dei massimi vertici aziendali per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare il dpr 303/56.

Tutti i manager condannati facevano parte del Consiglio di amministrazione della Pirelli tra il 1979 e il 1989  e sono stati ritenuti colpevoli per non avere adottato una politica dell’impresa che mettesse in sicurezza i lavoratori esposti per lungo tempo ad una situazione di pericolo tale da non poter essere gestita da semplici direttori di stabilimento.

I manager hanno quindi risposto a vario titolo di omicidio colposo per la morte per mesotelioma pleurico o lesioni gravissime di 24 dipendenti. Gli operai ammalati di cancro lavoravano tutti nelle fabbriche di via Ripamonti e viale Sarca dove erano esposti “ripetutamente e in maniera massiccia” all’inalazione di fibre di amianto.

La sentenza della sesta sezione penale del Tribunale milanese condanna Luciano Isola, consigliere di amministrazione dal 1980 al 1986, a 7 anni e 8 mesi, Ludovico Grandi, amministratore delegato della Pirelli fino al 1984, a 4 anni e 8 mesi, l’ex amministratore delegato Gianfranco Bellingeri a 3 anni e 6 mesi. Altri tre ex componenti del Cda della fabbrica degli pneumatici, Roberto Picco, Gabriele Battaglioli e Carlo Pedone sono stati condannati a  3 anni. Per questi ultimi, il pm Maurizio Ascione aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Condannati anche Piero Sierra, ex amministratore delegato Pirelli ed ex presidente dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, e Guido Veronesi, fratello del noto oncologo, ad una pena di 6 anni e 8 mesi. All’elenco si aggiungono Gavino Manca, condannato a  5 anni e 6 mesi, Omar Liberati e Armando Moroni, entrambi a 3 anni.

Il Tribunale ha inflitto a carico degli ex manager Pirelli e del responsabile civile Pirelli Tyre Spa anche il pagamento di una provvisionale complessiva da 520mila euro per le parti civili e al risarcimento dei danni da quantificare in sede civile. 200 mila euro per la moglie e la figlia di una delle vittime, 300 mila euro per l’Inail e 20 mila euro per Medicina Democratica e l’Associazione italiana esposti amianto, che si erano costituite parte civile.
 
Uniti si vince, hanno dichiarato gli esponenti delle associazioni, esponendo uno striscione “per ricordare tutti i lavoratori uccisi in nome del profitto”.

Secondo i dati del Registro Nazionale Mesotelioma dell’Inail, ogni anno nel nostro Paese 400 persone muoiono per malattie amianto correlate. A 23 anni dalla messa al bando totale dell’amianto, sarebbero ancora 32 milioni le tonnellate di materiale diffuse sul nostro territorio e non rimosse, tra cui anche diverse scuole.

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Gli elementi ci sono tutti: una politica che non è più in grado di governare e, persino nelle sue parti sane, è incapace di fare un lavoro di denuncia e ripulitura al suo interno. La magistratura che interviene a gamba tesa sulla politica quando ormai non c’è più nulla da fare e il giornalismo – quello serio – che continua a denunciare, ma inascoltato.

Un nuovo blitz dei carabinieri e nuovi arresti un Campania, questa volta si tratta di nomi eccellenti. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, corruzione, intestazione fittizia di beni, turbata libertà degli incanti e finanziamento illecito ai partiti. E per le imprese coinvolte, la presentazione dei certificati antimafia era aggirata dall’entità delle gare d’appalto che non raggiungeva cifre per cui era richiesto il certificato.

Questo consentiva, in regime di somma urgenza, di affidare i lavori della rete idrica dell’acquedotto campano ad aziende che secondo gli inquirenti fanno capo al clan dei casalesi. Un’altra urgenza che ha consentito, nella regione che più ne avrebbe bisogno, di bypassare ogni controllo. L’ennesima vergogna.

Oltre a imprenditori, arrestato anche l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio che avrebbe ricevuto un finanziamento illecito di 30 mila euro per la campagna elettorale. Tommaso Barbato (che al Senato già si era distinto per aver sputato in faccia a un suo collega) è accusato di associazione per delinquere avendo, secondo i pm, offerto a imprenditori legati alla camorra appalti in regime di somma urgenza.

E infine c’è anche una richiesta di arresto nei confronti del deputato Fi-Pdl, Carlo Sarro, accusato di turbativa d’asta aggravata dall’aver agevolato il clan Zagaria. Sarro – ironia della sorte, preciso calcolo o come sempre superficialità – è vicepresidente della Commissione Giustizia di Montecitorio e membro della Commissione Antimafia.

Ormai la magistratura interviene dove la politica chiude gli occhi, sempre pronta com’è a raschiare voti. Vale infatti la pena ricordare che l’ex parlamentare dell’Udeur Tommaso Barbato è stato candidato, anche se non eletto, alle ultime elezioni regionali nella lista Campania Libera che sosteneva Vincenzo De Luca.

Che il percorso politico venga deciso da indagini e processi può spaventare, ma la politica è ormai sorda a qualunque appello. Questo articolo di Gabriella Colarusso è apparso un anno fa su Lettera43. Ci racconta chi è Carlo Sarro. L’avevo letto io e lo avevano letto in molti.

Mi domando come mai nessun collega di Sarro abbia chiesto conto, ad esempio, dell’opportunità della sua presenza in Commissione Antimafia. La giustizia farà il suo corso, ma fino a che la politica non capirà che esiste una questione di opportunità politica che non ha nulla a che fare con le condanne, gli italiani continueranno a pensare che nelle stanze del potere ci sono solo farabutti, imbroglioni e criminali. E nessuno sarà più in grado di fargli cambiare idea. Questa politica, irresponsabile anche quando non colpevole, ha perso ogni credibilità.

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